Desde sus inicios, la
Universidad ha enarbolado como bandera la producción y difusión del
conocimiento al más alto nivel. Lo que en ella se hace tiene una insoslayable vocación
pública. En nuestros días, eso se ha traducido en procesos de transparencia en
la gestión y de publicidad en el acceso a los resultados científicos, procesos
supervisados por las propias instituciones y por agencias externas de calidad.
Todo ello afecta, de manera muy señalada, a las tesis doctorales: son
resultados de una investigación, larga y ardua, que nace para ser comunicada; y
esto, con la única excepción de las tesis que entrañan patentes y que por este
motivo se blindan con acceso restringido.
Por todo ello, lo sucedido con la tesis doctoral de
Francisco Camps, presentada en la Universidad Miguel Hernández (Elche, 10/02/2012),
raya en lo inaudito. Bajo el título “Propuestas para la reforma del sistema
electoral”, dicha tesis no puede acogerse, en buena lógica, al acceso
restringido. Sin embargo, su autor vetó explícitamente cualquier tipo de consulta:
no puede ser leída ni siquiera por otros investigadores que se personen en la
biblioteca donde está depositada. Es secreta.
El veto ha resultado notorio a raíz de la intención
de un profesor de Filosofía del Derecho –Jorge Urdánoz, de la Universidad
Pública de Navarra– de consultar la tesis de Camps con vistas a su propia
investigación. Yo mismo he podido corroborarlo a través del registro
bibliográfico publicado en la web de la UMH, en el que se indica que “no se
permitirá la consulta ni la reproducción del texto, por ningún medio, ni total
ni parcialmente”. El diario El país lo
ha dado a conocer en una documentada crónica (02/02/2015) que recoge declaraciones
de la directora de la biblioteca, Encarna Rodríguez (“no se puede consultar ni
prestar por deseo del autor”), y del propio Camps, que afirma desconocer esa
circunstancia (“es la primera información que tengo”). En esa misma crónica,
Alfred Giner, jefe de Postgrado de la Universitat de València, subraya el
carácter público de las tesis doctorales y la inviabilidad del blindaje
voluntario.
El hecho no es baladí. Desvela aberrantes entresijos
de poder que pervierten algo tan sagrado en el mundo académico como el acceso a
las investigaciones distinguidas con el rango de tesis doctoral – distinción
avalada, por otra parte, por la firma de las más altas autoridades del Estado.
Resulta aún más hiriente cuando se trata de una persona que ocupó un relevante cargo
institucional (presidente de la Generalitat valenciana) y que sigue ocupándolo
(miembro nato del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat). El desdoro
salpica a otra Universidad, la Católica de Valencia. Camps ha participado ahí
en distintos programas relacionados con la formación pre- y postdoctoral. Este
año forma parte del claustro de profesores responsables de un postgrado en
legislación marítima, amén de dirigir el seminario permanente “Grandes temas de
actualidad”.
La UMH y la UCV son Universidades en las que trabajan
académicos de reconocida valía. De algunos de ellos, colegas y amigos, he
podido conocer en primera persona el interés de sus aportaciones científicas. El
vergonzoso veto impuesto por Camps a su tesis, consentido por las autoridades de
la UMH y no repudiado por las de la UCV, arroja una sombra (más) de sospecha
sobre el ya erosionado Partido Popular y constituye un deshonor para las Universidades
implicadas. No sólo para ellas: es un insulto a los jóvenes investigadores que
se comprometen, en buena ley, a exponer al juicio de la comunidad académica los
resultados de estudios en los que invierten años de empeño. Algo que tanto aquella
formación política como esas Universidades harían bien en tomar en cuenta.
Todos nos equivocamos. Pero una cosa es cometer errores y otra, más grave,
empecinarse en ellos.
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Artículo propio publicado en el diario Levante de Valencia (10/02/2015). En la imagen: Pitágoras, según recreación realizada por José de Ribera en torno a 1630 (Museu de Belles Arts, Valencia).