Deshonor universitario

Desde sus inicios, la Universidad ha enarbolado como bandera la producción y difusión del conocimiento al más alto nivel. Lo que en ella se hace tiene una insoslayable vocación pública. En nuestros días, eso se ha traducido en procesos de transparencia en la gestión y de publicidad en el acceso a los resultados científicos, procesos supervisados por las propias instituciones y por agencias externas de calidad. Todo ello afecta, de manera muy señalada, a las tesis doctorales: son resultados de una investigación, larga y ardua, que nace para ser comunicada; y esto, con la única excepción de las tesis que entrañan patentes y que por este motivo se blindan con acceso restringido.

Por todo ello, lo sucedido con la tesis doctoral de Francisco Camps, presentada en la Universidad Miguel Hernández (Elche, 10/02/2012), raya en lo inaudito. Bajo el título “Propuestas para la reforma del sistema electoral”, dicha tesis no puede acogerse, en buena lógica, al acceso restringido. Sin embargo, su autor vetó explícitamente cualquier tipo de consulta: no puede ser leída ni siquiera por otros investigadores que se personen en la biblioteca donde está depositada. Es secreta.

El veto ha resultado notorio a raíz de la intención de un profesor de Filosofía del Derecho –Jorge Urdánoz, de la Universidad Pública de Navarra– de consultar la tesis de Camps con vistas a su propia investigación. Yo mismo he podido corroborarlo a través del registro bibliográfico publicado en la web de la UMH, en el que se indica que “no se permitirá la consulta ni la reproducción del texto, por ningún medio, ni total ni parcialmente”. El diario El país lo ha dado a conocer en una documentada crónica (02/02/2015) que recoge declaraciones de la directora de la biblioteca, Encarna Rodríguez (“no se puede consultar ni prestar por deseo del autor”), y del propio Camps, que afirma desconocer esa circunstancia (“es la primera información que tengo”). En esa misma crónica, Alfred Giner, jefe de Postgrado de la Universitat de València, subraya el carácter público de las tesis doctorales y la inviabilidad del blindaje voluntario.

El hecho no es baladí. Desvela aberrantes entresijos de poder que pervierten algo tan sagrado en el mundo académico como el acceso a las investigaciones distinguidas con el rango de tesis doctoral – distinción avalada, por otra parte, por la firma de las más altas autoridades del Estado. Resulta aún más hiriente cuando se trata de una persona que ocupó un relevante cargo institucional (presidente de la Generalitat valenciana) y que sigue ocupándolo (miembro nato del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat). El desdoro salpica a otra Universidad, la Católica de Valencia. Camps ha participado ahí en distintos programas relacionados con la formación pre- y postdoctoral. Este año forma parte del claustro de profesores responsables de un postgrado en legislación marítima, amén de dirigir el seminario permanente “Grandes temas de actualidad”.

La UMH y la UCV son Universidades en las que trabajan académicos de reconocida valía. De algunos de ellos, colegas y amigos, he podido conocer en primera persona el interés de sus aportaciones científicas. El vergonzoso veto impuesto por Camps a su tesis, consentido por las autoridades de la UMH y no repudiado por las de la UCV, arroja una sombra (más) de sospecha sobre el ya erosionado Partido Popular y constituye un deshonor para las Universidades implicadas. No sólo para ellas: es un insulto a los jóvenes investigadores que se comprometen, en buena ley, a exponer al juicio de la comunidad académica los resultados de estudios en los que invierten años de empeño. Algo que tanto aquella formación política como esas Universidades harían bien en tomar en cuenta. Todos nos equivocamos. Pero una cosa es cometer errores y otra, más grave, empecinarse en ellos.

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Artículo propio publicado en el diario Levante de Valencia (10/02/2015). En la imagen: Pitágoras, según recreación realizada por José de Ribera en torno a 1630 (Museu de Belles Arts, Valencia).