La máxima “Un hombre, un voto” resuena en nuestros oídos como el epítome del espíritu democrático: todas las personas en uso de razón han de poder expresar sus preferencias políticas y éstas se deben reflejar con pareja equidad en la composición de los órganos de gobierno. Sobre este principio descansa la representatividad del poder legislativo, basada a su vez en la común e igual dignidad de todos los ciudadanos que lo sustentan. No es perfecto, pero sí una herramienta decente.
Un análisis sencillo de los datos arrojados por el escrutinio en las elecciones municipales y autonómicas desvela graves desajustes. En el ayuntamiento de Madrid, 119.417 votos equivalen a 5 concejales –los obtenidos con esa cifra de votantes por UPyD–, los mismos que obtiene EA-Bildu en Irún con sólo 4.406 votos. En Vigo, 61.616 votos se traducen en 13 concejales para el PP, número idéntico al que el mismo partido obtiene por 20.787 papeletas en Santiago de Compostela [fuente de los datos: resultados provisionales publicados por El país, 24/05/2011, p. 37]. El desajuste –por cierto, no el único– se explica por la estructura y baremo de las circunscripciones electorales nacida de la Transición, que beneficia en el primer caso a las fuerzas regionalistas o nacionalistas y en el segundo al voto de las circunscripciones pequeñas.
La asignación de recursos económicos y la visibilidad mediática que se derivan de todo ello deforman claramente la voluntad ciudadana, con al menos dos resultados obvios: (a) la mayor dificultad para un partido nacional pequeño a la hora de lograr representación, como en el caso reciente de UPyD, y la proporcional (y, en principio, inmerecida) ventaja con la que cuentan las pequeñas fuerzas regionalistas o nacionalistas; y (b) la distinta representatividad de la que dispone el voto a una misma fuerza política, dependiendo del tamaño del núcleo de población en el que resida el votante.
Desigualdades tales pudieron tener un sentido cuando en la Transición se decidió favorecer a las fuerzas minoritarias, atendiendo a una cierta sensibilidad hacia la periferia geográfica –que contrastaba con el centralismo del régimen franquista– y a la desventaja de los partidos regionales a la hora de orquestar sus campañas. Hoy, conjurado el centralismo y pudiendo acceder el votante a información detallada desde la aldea más recóndita, esas medidas de compensación se han convertido en un mecanismo obsoleto que mina la estabilidad y la justicia. Son la tenaz carcoma de nuestro sistema electoral. Eliminar esta lacra forma ya parte del programa de algunos partidos. Hoy como ayer, la democracia real no constituye una conquista inamovible sino una tarea de nuestra libertad.
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En la imagen: folleto publicitario de UPyD para las elecciones legislativas de 2008. Fotografía de Multimaniaco (fuente: flickr.com).
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